LOS EQUILIBRIOS DE PODER EN EL RÉGIMEN POLITICO RUSO

El 22 de julio de 2025 la presidente del Tribunal Supremo ruso, Irina Podnosova, falleció por enfermedad poco más de un año después de su nombramiento en el cargo, en el que había sustituido al veterano Viácheslav Lebedev, que también murió en su puesto con 80 años de edad (su mandato duró de 1990 a 2024). Podnosova había sido compañera de estudios de Putin en la prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Leningrado (hoy Universidad Estatal de San Petersburgo), donde tradicionalmente se han formado los cuadros de KGB en la época soviética y después del FSB en la Rusia independiente. Además, estaba llamada a dirigir el Tribunal Supremo durante un largo período de tiempo (tenía 71 años), pero una enfermedad sobrevenida después de su nombramiento truncó esos planes. El 29 de julio de 2025 se abrió en plazo para la presentación de candidaturas a dirigir el alto tribunal, entre las que se barajó la del expresidente ruso y actual vicesecretario del Consejo de Seguridad ruso, Dimitri Medvedev, que también estudió Derecho en la misma universidad que Putin y Podnosova -véase la entrada DECLARACIONES ANTIEUROPEAS DE MEDVEDEV, de diciembre de 2024-. El 25 de agosto de 2025 la Junta de Jueces de Alta Calificación rusa informó que solo se había presentado un candidato, el actual Fiscal General, Igor Krasnov, que a pesar de ser fiscal de carrera, trabajó catorce años en el Comité de Investigación, los cuatro últimos como vicepresidente y responsable de los departamentos de casos particularmente importantes y el departamento de investigación. La Constitución rusa establece en su artículo 128 que el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo corresponde al Consejo de la Federación (senado) a propuesta del presidente. El 26 de agosto de 2025 Putin firmó un decreto que prórroga por edad el mandato del actual jefe del Comité de Investigación ruso, Alexander Bastrykin (tiene más de 70 años). Este funcionario desempeña un papel significativo en el contexto de la guerra en Ucrania, porque en 2022 el presidente Putin le encargó luchar de forma implacable contra la corrupción como parte de la estrategia del Kremlin para lograr la adhesión de la población a la guerra -véase más extenso el documento de análisis «LOS ESFUERZOS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL ESTADO RUSO EN EL CONTEXTO DE LA GUERRA EN UCRANIA», de marzo de 2025-. En ese cometido cuenta con el apoyo presidencial y sabedor de su poder no ha dudado en mandar a prisión desde altos funcionarios del gobierno federal a gobernadores regionales y generales de prestigio en la guerra (el caso más destacado es el del general Iván Popov, excomandante del 58º Ejército Mecanizado, que ha rechazado públicamente las acusaciones y a quien no se le ha aceptado siquiera su solicitud de redención de acusaciones o pena por la prestación de servicio en Ucrania; no se debe confundir con el otro general Pavel Popov, también en prisión por corrupción, aunque en este caso reconoció su responsabilidad para reducir la condena). Incluso, una de sus investigación llevó el pasado 7 de julio de 2025 al cese y, según parece, inmediato suicidio en un parque de Odintsovo, cerca de Moscú, del ministro de Transportes, Román Starovoit, que habría estado implicado en un caso de corrupción con fondos destinados a la construcción de defensas en la frontera con Ucrania durante su mandato como gobernador del oblast de Kursk. Pero, además, Bastrykin se ha caracterizado por su lucha contra la delincuencia organizada, particularmente contra las organizaciones criminales procedentes de las repúblicas exsoviéticas, cuyas actividades se han expandido desde el inicio de la guerra en Ucrania como consecuencia de la necesidad de mano de obra procedente de esos países. Recientemente ha habido un fuerte choque diplomático con Azerbaiyán por ese motivo, incluidos detenidos muertos en detención en Cheliábinsk  y ciudadanos rusos torturados en Bakú. Además, el creciente flujo de inmigrantes legales e ilegales ha provocado un aumento de los delitos violentos (robos, extorsión, homicidios), así como los de tipo sexual, que están causando un creciente malestar en la población rusa, ya constreñida por subidas de impuestos, caída de los servicios públicos y bajas provocadas por la guerra. Por tanto, con esas actuaciones, Bastrykin se ha granjeado un importante reconocimiento popular. Sin embargo, Krasnov, desde su posición de Fiscal General, ha apoyado las políticas inmigratorias aprobadas por el Ministerio del Interior debido a la necesidad de mano de obra impuesta por la guerra, tanto de voluntarios para servir en Ucrania (la prestación del servicio en el conflicto permite, además, obtener la ciudadanía rusa) como para las industrias de defensa en constante expansión y la economía en general. En ese contexto, los inmigrantes de Asia central y del Cáucaso aceptan los trabajos más duros y menos remunerados de la economía, pero también se generan crecientes tensiones sociales internas que, por ahora están siendo silenciadas a cambio de aplicar cierta mano dura. Por tanto, estamos ante un nuevo caso de equilibrio en el ejercicio del poder en el régimen putiniano, donde el presidente ruso actúa una vez más como mediador, pero, en caso de choque, siempre termina tomando una decisión que implica la defenestración del perdedor.  

Michael Giacchino: “Kremlin song”.