PROPUESTA RUSA DE MORATORIA NUCLEAR 2.0: IMPLICACIONES EN EL INDO-PACÍFICO

El Tratado de Misiles de Corto y Medio Alcance (Tratado INF), firmado en Washington el 8 de diciembre de 1987, estableció por primera vez una prohibición general sobre un tipo de armamentos con capacidad nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas partes acordaron eliminar completamente todos los misiles balísticos y de crucero con base en tierra con alcances comprendidos entre 500 y 5.000 kilómetros. El tratado se mantuvo en vigor casi veintiseis años logrando los objetivos políticos propuestos y con un impacto estratégico directo sobre la seguridad europea como parte de los Acuerdos que pusieron fin a la Guerra Fría -se trata de un proceso ampliamente estudiado que excusa mayor desarrollo-. La aplicación del Tratado INF no estuvo exenta de desencuentros, desavenencias y reclamaciones entre las partes, pero unos y otros consideraban que formaba parte del régimen de estabilidad estratégica, que garantiza la paz y la seguridad global, régimen basado en los principios de equilibrio y paridad. Sin embargo, el 1 de febrero de 2019 la Administración Trump anunció la retirada oficial del tratado, que fue respondida inmediatamente por las autoridades rusas en el mismo sentido. En consecuencia, el Tratado INF se extinguió definitivamente el 2 de agosto de 2019. Fue un paso más en la desestructuración del régimen de desarme heredado de la Guerra Fría como hemos descrito en otros documentos. Casi sin solución de continuidad, el 25 de septiembre de 2019 el presidente Putin propuso a los dirigentes occidentales una moratoria unilateral sobre el despliegue de aquellos misiles en Europa y otras regiones, pero solo obtuvo una respuesta negativa por parte de los responsables de la Alianza Atlántica. Un año después (26 de octubre de 2020), el mandatario ruso reiteró la propuesta de moratoria en Europa a los Estados miembros de la Alianza, idea que fue desarrollada al día siguiente por el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Ryabkov, quien propuso crear un mecanismo de inspecciones mutuas de los lanzadores terrestres MK-41 americanos en territorio europeo y de los misiles de crucero rusos 9M729. La propuesta se basaba en la renuncia rusa a desplegar los misiles de crucero 9M729 con capacidad nuclear en el enclave de Kaliningrado y, por ende, en el resto del territorio europeo, a cambio de que se les permitiera verificar la ausencia de capacidad de lanzamiento de misiles BGM-109 Tomahawk en los lanzadores de los sistemas de defensa antimisiles (BMD) estacionados en Europa. Esta propuesta era inaceptable para la Administración Trump, las declaraciones de los funcionarios de la Alianza continuaron en sintonía con Washington y los "testigos silenciosos" siguieron cumpliendo su papel. Como hemos dicho en varias ocasiones, los dirigentes de las dos grandes potencias concluyeron en un determinado momento que el Tratado INF ya no servía a sus intereses de seguridad y, por ello, crearon las condiciones necesarias para la extinción de acuerdo. Sin embargo, tanto a Moscú como a Washington no les interesa -mucho menos en estos momentos- entrar en una costosa carrera de armamentos que implicaría el desarrollo, adquisición y despliegue masivo de misiles de corto y medio alcance en territorio europeo -la crisis de los Euromisiles en los años ochenta parece ser una lección bien aprendida para ambas partes-. Es en este escenario en el que hay que situar la propuesta rusa de septiembre de 2019, reiterada en octubre de 2020 en plena crisis mundial por la pandemia de la covid-19, que ha sido contestada por el Bloque Occidental, pero que tampoco ha sido contradicha en la realidad. Hay que tener en cuenta que ambas partes están inmersas en programas de misiles hipersónicos, pero por ahora han excluido que estén basados en tierra, lo que parece indicar la existencia de una aceptación tácita de la propuesta rusa. Sin duda, la necesidad de implementar los programas de modernización de los componentes de la triada nuclear de ambas grandes potencias, que se cifran en cientos de miles de millones de dólares, fue el determinante principal para que los presidentes Biden y Putin acordaran in extremis el 23 de enero de 2021 la ampliación por cinco años del Tratado de Limitación de Armas Estratégicas (Nuevo START) que expiraba el 5 de febrero de 2021. Este tratado, firmado en Praga el 10 de abril de 2010, está en el núcleo del régimen de estabilidad estratégica, es el último tratado de limitación de armas nucleares en vigor, y su extinción implicaría la ruptura del régimen explícito de seguridad estratégica por el cual los Estados Unidos y Rusia crean e imponen las normas que garantizan la paz y la seguridad internacionales. El resto de los Estados del sistema internacional son meros actores de los acuerdos estratégicos de las dos grandes potencias y ninguno, incluida la China comunista, se halla en disposición actualmente de disputar y, mucho menos, derogar el régimen estratégico global. La vigencia de este acuerdo se plasmó, una vez más, en la Cumbre de Ginebra de 16 de junio de 2021, donde Biden y Putin trataron los temas de la agenda bilateral y del régimen de seguridad global con resultados inmediatos y tangibles. De nuevo, el 21 de octubre de 2021 el presidente Putin habló en el Foro de Seguridad de Valdai, celebrado en Sochi, de la absoluta necesidad de mantener el Directorio mundial formado por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene atribuido el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y que está en el núcleo de la estructura internacional. Pero, en esa misma reunión Putin declaró que las relaciones entre Rusia y China se basan en “los intereses de ambos países” y afirmó que “no hay un bloque militar de la Federación de Rusia y China”. Esta es una idea reiteradamente contradicha por dirigentes y analistas occidentales, pero que muy probablemente no responda a la realidad de la relación estratégica entre ambas potencias debido a un enfoque erróneo sobre las principales amenazas a la seguridad territorial de Rusia. Por ello, es interesante y llamativa la declaración del presidente Putin de 27 de octubre de 2021 durante la 16ª Cumbre de Asia Oriental, donde planteó una moratoria al despliegue de misiles de corto y medio alcance en todas las regiones, incluido Asia-Pacífico. Para Putin la región “se enfrenta a la posibilidad de que aparezcan estas armas de ataque en su vasto espacio y, en consecuencia, a la perspectiva de una nueva carrera armamentista”. Esta declaración enfatiza el papel de Rusia en la región, afecta directamente a los intereses de seguridad de China, que se encuentra inmersa en un inmenso programa de militarización para poder enfrentar y ganar guerras en un horizonte más o menos cercano -entre 2028 y 2035-, mientras los Estados Unidos continúan levantando una poderosa coalición antichina en su política de contención en la región del Indo-Pacífico, y puede dar pistas sobre la posición de Moscú en caso de un conflicto militar en la región del Pacífico o el Sudeste Asiático. Toca a los dirigentes occidentales valorar las señales, verificar si son correctas y si es posible alcanzar un gran acuerdo con Moscú que permita el mantenimiento de la paz y la seguridad globales en un siglo americano como predijo Friedman en 2010.  

“Two steps from Hell”.