El pasado 17 de
julio de 2018 se dio a conocer en los medios de comunicación generalizados que
un comprador no revelado había realizado un pedido a la corporación aeronáutica
europea Airbus de 175 aviones de transporte de pasajeros por un importe total
de 21.245 millones de dólares. Se trata de un gigantesco contrato por 100
aviones A-321neo y 75 A320neo en el que faltaría por confirmar los motores que
equiparían dicha flota y que, según las consideraciones que expondremos, será
también europeo. La cuestión que se plantea es: ¿qué cliente puede realizar un
pedido de esta magnitud? Porque estamos hablando de una cantidad ingente de
aviones de pasajeros que serviría para renovar completamente la flota de
cualquier compañía aérea global. Por una cuestión de imagen de marca una
compañía comercial anunciaría inmediatamente este pedido, que le permitiría
distinguirse de sus competidoras obteniendo un excelente posicionamiento
comercial basado en la disposición de una flota extraordinariamente moderna. Como
se trata de aviones de un solo pasillo y mediano recorrido, está claro que estamos
hablando de alcances regionales como, por ejemplo, vuelos europeos, vuelos
interiores en los Estados Unidos o China o vuelos regionales en el sudeste
asiático o en otras regiones del mundo donde existe un tráfico aéreo denso.
También el monto económico de la operación se torna prohibitivo para una
compañía comercial, que estaría al alcance solo de grandes compañías aéreas
globales como IAG, Lufthansa, KLM-Airfrance o United Airlines. Lo que nos lleva
a pensar que ese comprador no revelado puede ser un Estado. Y un Estado que
controla el tráfico comercial de pasajeros en su territorio y en el área
circundante. Un Estado que maneja grandes volúmenes de pasajeros. Un Estado que
necesita renovar toda su flota de aviones comerciales. Y, finalmente, que dispone
de la capacidad financiera para hacer frente a un contrato de más de 21.000
millones de dólares. Precisamente, la americana Boeing anunció el 6 de junio de
2018 la suspensión de sendos contratos firmados con las compañías aéreas Iran
Air y Aseman Airlines para suministrarles aviones comerciales, precisamente por
un valor conjunto de 20.000 millones de dólares. Según el comunicado de la compañía
aeronáutica americana todavía no se había entregado ningún avión al amparo de
esos contratos y “dado que ya no tiene licencia para comerciar” con Irán tampoco
lo haría en el futuro. Esto se produce en el contexto de la aplicación del nuevo
régimen de sanciones económicas y financieras contra Irán aprobado por la
Administración Trump tras el anuncio el 8 de mayo de 2018 de retirada del Acuerdo
Nuclear de 15 de julio de 2015, denominado Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA). Desde ese momento, los Estados
europeos firmantes -Alemania, Francia y Gran Bretaña- junto con la Unión Europea
han llevado a cabo intensos contactos diplomáticos con las autoridades iraníes,
así como con Rusia, China, India y Japón, para mantener la vigencia del Acuerdo
Nuclear sin los Estados Unidos ya que todos lo consideran un instrumento fundamental
para garantizar la estabilidad regional en Oriente Medio. Mientras el
presidente Trump anuncia una política de máxima presión sobre el régimen de los
ayatolás basada en la idea de que el Pacto Nuclear de 2015 fue un “mal acuerdo”
lesivo para los intereses de seguridad de los Estados Unidos, los dirigentes
europeos tratan de buscar las vías para evitar la aplicación extraterritorial
de las sanciones americanas. De este modo buscan contentar al régimen iraní
mientras abren una vía para negociar un nuevo pacto que se extienda no solo al
programa nuclear iraní sino también a su programa de misiles balísticos, que es
una de las grandes exigencias del presidente Trump, pero también de los aliados
israelíes -quienes no quieren oír hablar ni del Pacto de 2015 ni de ningún entendimiento
con Irán-. Sin embargo, Washington vería con buenos ojos una ampliación del
Acuerdo Nuclear a estas materias, pero sin comprometerse formalmente o firmar
un nuevo tratado que debería pasar obligatoriamente por el Senado americano
para su entrada en vigor y, como sabemos, la forma de hacer política exterior del presidente
Trump busca éxitos inmediatos -como hemos tratado en la entrada LA POLÍTICA EXTERIOR DEL PRESIDENTE TRUMP: IRÁN, COREA, RUSIA Y CHINA en junio de 2018-. Como ha dicho recientemente el jefe del Grupo de Acción sobre Irán del Departamento de Estado, Brian Hook: "ahora estamos fuera del acuerdo, tenemos mucha más libertad diplomática para combatir toda la gama de amenazas iraníes." Es en este contexto en el que se inserta el anuncio
de Airbus del gigantesco contrato por 21.000 millones de dólares. Como la entrada en vigor de las sanciones americanas es gradual, con un conjunto de medidas de
aplicación inmediata el mismo mes de mayo, una segunda etapa a partir del 7 de agosto y finalmente la entrada en vigor plena del nuevo régimen el 5 de noviembre de 2018, pronto
veremos si se anuncia el “comprador no revelado” o si, por el contrario, se produce la anulación del pedido, precisamente, por el temor a la aplicación extraterritorial de
las sanciones que dañaría los intereses de la compañía europea por excelencia.
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Interesante de todo punto de vista.
ResponderEliminarAporta mucho al debate.
ResponderEliminarMuy bueno Luis, veremos si se desvela el comprador o su anulación del pedido.
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