El domingo 25 de
noviembre de 2018 tres pequeños barcos de la Armada ucraniana -las lanchas
artilladas Berdiansk y Nikopol y el remolcador Yany Kapu- se aproximaron al estrecho de
Kerch, que separa la Rusia continental de la península de Crimea, con la
intención de cruzarlo. De inmediato, fueron interceptados por varios buques de
los guardacostas del FSB que les conminaron a volver sobre sus pasos; ante la
persistencia de las maniobras de los barcos ucranianos desobedeciendo las
instrucciones que se les emitían, los guardacostas rusos los bloquearon,
abrieron fuego contra una de las lanchas artilladas y, posteriormente, los
apresaron llevándolos al puerto ruso de Kerch donde quedaron detenidos
veinticuatro marineros, entre ellos varios agentes del SBU, los servicios de
inteligencia ucranianos -lo que fue confirmado por las mismas autoridades
ucranianas el 27 de noviembre-. El gobierno de Kiev acusó a Rusia de cometer un
acto de agresión, afirmando que habían informado a las autoridades rusas de la
derrota de los barcos militares cuyo destino era el puerto de Mariupol, en el
mar de Azov. De inmediato Kiev pidió a los aliados occidentales “endurecer la
presión internacional sobre Rusia para que liberen de forma inmediata a los
marineros y barcos ucranianos”, y el presidente Poroshenko y el secretario
general de la Alianza acordaron convocar una reunión urgente de la comisión
OTAN-Ucrania a nivel de embajadores para discutir la situación. El secretario
general Stoltenberg expresó el 26 de noviembre de 2018 “su apoyo a la
integridad territorial y la soberanía de Ucrania e instó a Rusia a que respete
el Derecho internacional”, afirmó que “no hay justificación para el uso de la
fuerza militar contra los barcos y el personal ucranianos” y advirtió de que
“evaluamos de forma constante qué más podemos hacer porque Rusia tiene que entender que sus acciones tienen consecuencias [las
cursivas a lo largo del texto son mías]”. Stoltenberg afirmó sin ambages “que
hay una guerra en Ucrania”. Como nunca faltan dos sin tres, el mismo día el
ministro de Defensa polaco, Mariusz Blaszczak, anunció -por supuesto en su
cuenta de Twitter- que había convocado a los altos mandos de las Fuerzas
Armadas y jefes de las unidades militares “debido al agravamiento de la
situación en el mar de Azov”. Mientras tanto, la parte rusa solicitó una convocatoria
urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sin embargo, la propuesta
rusa no fue aceptada por siete votos en contra, con lo que el asunto no llegó a
acceder al orden del día y mucho menos cualquier propuesta de resolución del
Consejo sobre este tema. La posición del gobierno ruso fue resumida en un
comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que afirma que “advirtió
en repetidas ocasiones al régimen de
Kiev y sus protectores occidentales sobre el peligro de desorbitar la histeria
en torno al mar de Azov y el estrecho de Kerch.” El representante permanente
adjunto ante Naciones Unidas, Dmitri Polianski, reiteró la posición de su país: la acción de los barcos ucranianos supuso la violación de la
soberanía rusa, pero no por un acto meramente circunstancial o accidental, sino
que responde a “una provocación planificada con anterioridad” y “con una total
connivencia de los países occidentales que prácticamente dieron carta blanca a
sus tutelados ucranianos hace mucho para cualquier acción”. Estas acciones
están conectadas con las denuncias de la militarización del estrecho de Kerch tras
la entrada en servicio en mayo del puente que une Rusia con la península
crimea. No parecen desmesuradas las declaraciones del representante ruso si
tenemos en cuenta las declaraciones del presidente Poroshenko pidiendo la
llegada de barcos de la Alianza Atlántica al mar de Azov, la proclamación de la
ley marcial en diez regiones fronterizas del país -lo que no había ocurrido desde
el inicio del enfrentamiento con Rusia en marzo de 2014- o las disparatadas
declaraciones del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, general
Víctor Muzhenko, sobre un supuesto ataque con misiles antibuque de la Aviación
Naval rusa contra los tres barcos apresados. Sorprende la cortedad de miras de los ucranianos, que saben que no van a ingresar en la Alianza Atlántica ni en la Unión Europea. Pero esta política forma parte del esfuerzo de
Kiev de extender e internacionalizar el conflicto frente a una Rusia cada vez
más sancionada por las potencias occidentales y, en consecuencia, cada vez más
resuelta a buscar una solución a un conflicto que tiene ante sus mismas
fronteras. Después de la rápida e incruenta ocupación de Crimea en marzo de
2014 la política de Moscú ha sido de implicación indirecta, cautelosa en las
acciones que lleva a cabo, tratando de no tensar más las relaciones con el
Bloque occidental, que son prioritarias para Moscú desde cualquier punto de
vista. Pero también hay que tener en cuenta que la reincorporación de Crimea
forma parte del interés nacional de Rusia y que, como ha dicho el presidente
Putin en reiteradas ocasiones, es un acto irreversible. Por tanto, cualquier
acción que vaya en contra de la integridad de Crimea o de sus espacios
territoriales, incluidas las aguas marítimas adyacentes y el espacio aéreo será
respondido con firmeza, como no puede ser tampoco de otra manera, de ahí el ostensible despliegue esta misma semana de más unidades de misiles antibuque
con base en tierra Bal en Kerch y de defensa aérea S-400 en Dzhankoi (Crimea). Si seguimos
las tesis de Moscú, al otro lado se encuentra un país sumido en el caos bajo la
dirección de una banda de delincuentes de carreteras, en palabras de la portavoz
del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zakharova, es decir, nada bueno
puede venir de Kiev mientras se mantengan en el poder los actuales gobernantes.
Por eso, Moscú sostiene que las acciones y reacciones del domingo pasado
responden a un plan del presidente Poroshenko para tratar de mejorar su deteriorada
imagen de cara a las elecciones presidenciales de marzo de 2019 -que deberá
disputar a la ínclita Yulia Timoshenko-, como denunció el Ministerio de Asuntos
Exteriores ruso en un comunicado del 26 de noviembre de 2018: “Todo esto, al
parecer, fue destinado a distraer la atención de los problemas políticos
internos en la propia Ucrania.” El presidente Putin reiteró a la
canciller Merkel en una conversación telefónica ese mismo día: “las
autoridades ucranianas son las únicas responsables de crear la nueva situación
de conflicto y los riesgos conexos.” Por eso, el embajador Polianski hizo el 26
de noviembre una advertencia que debe tomarse en serio: “Nuestro país jamás ha
dado el primer golpe, pero sabe protegerse. Los residentes de Crimea, al igual que de otras regiones de Rusia,
están bajo una protección segura”. ¿A qué regiones se puede estar refiriendo el
diplomático ruso en el contexto del conflicto con Ucrania? Porque hay regiones
rusas que permanecen todavía fuera de Rusia, que se mantienen independientes de facto y que gozan de la protección
diplomática y militar de Moscú, solo falta dar el paso de incorporarla a la
Federación, como ocurrió con Crimea. Por eso fue un error la decisión de la
Administración Trump anunciada el 29 de noviembre de 2018 de cancelar la esperada reunión
con el presidente Putin en la cumbre del G-20 en Buenos Aires hasta tanto no se
devuelvan los barcos y las tripulaciones a Ucrania -sobre todo tras la tibia reacción americana el día 25 de noviembre-, porque hay asuntos estratégicos
de máxima importancia que esperan una resolución conjunta, especialmente en desarme (tratados INF y Nuevo START) y régimen de no proliferación, que son uno de los fundamentos del sistema de
seguridad global. Sin embargo, el presidente Trump escribió en Twitter que
“espera tener una cumbre significativa [con Putin] tan pronto se resuelva esta
situación” y los contactos no se interrumpieron entre ambas partes según confirmaron fuentes de Washington y de Moscú. Previamente los gobiernos del G-7 junto con la representante de la
UE adoptaron una declaración conjunta en la que explicitaron: “No hay
justificación para el uso de la fuerza por parte de Rusia contra los buques y
el personal naval ucranianos. Instamos a la moderación, el debido respeto por
el Derecho internacional y la prevención de cualquier escalada adicional.
Hacemos un llamamiento a Rusia para que libere a la tripulación y los buques
detenidos y se abstenga de impedir el paso legal a través del estrecho de
Kerch.”, y enfatizaban: “Nosotros, el G-7, reiteramos una vez más que no
reconocemos, y nunca lo haremos, la anexión ilegal de Rusia de la península de
Crimea, y reafirmamos nuestro apoyo inquebrantable a la soberanía e integridad
territorial de Ucrania.” De este modo el conflicto ucraniano no tiene
muchas salidas, -que ya examinamos en una publicación en agosto de 2017- o más bien solo una: la guerra de Georgia del verano de 2008 y
la ocupación de Crimea en 2014 muestran el camino que puede seguir Rusia si la
situación llega a ser políticamente insostenible.